En Exaltación de la Cruz el agronegocio pudo más que la lucha ambiental

En una sesión blindada por fuerzas policiales, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votó en contra de modificar una ordenanza para incorporar 1.000 metros de exclusión terrestre ante las fumigaciones.

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El martes 24 de agosto, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votó contra la modificación de la Ordenanza N°101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos. Vecinos y colectivos ambientales buscaban que se incorpore a la ordenanza la exclusión de 1.000 metros terrestre ante las fumigaciones.

De los 14 ediles presentes tan solo 2 votaron a favor de incorporar una zona de exclusión de 1.000 metros, 4 se abstuvieron y 7 votaron en contra del reclamo de organizaciones ambientales y vecinos de Exaltación de la Cruz.

El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, impulsó movilizaciones al Concejo Deliberante que fueron fuertemente custodiadas por la policía.

La ordenanza municipal vigente solo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas y a 300 metros de escuelas. Mientras que gracias a la lucha vecinal, en 2019 prohibieron toda fumigación aérea en Exaltación de la Cruz.

Pese a la postura del Concejo Deliberante, desde septiembre del 2019 rige una cautelar judicial de incidencia colectiva que logró que la aplicación terrestre de toda sustancia química agrícola mantenga una distancia de 1.000 metros de viviendas, escuelas, cursos de agua, lugares turísticos, etc.

El colectivo ambiental quería que la cautelar judicial se vuelva letra de ordenanza, garantizando así aún más la protección de vecinos y vecinas del distrito.

Radiografía de un pueblo fumigado 

El municipio de Exaltación de la Cruz tiene un poco más de 60 mil hectáreas. Más de 30 mil son de cultivos transgénicos con su paquete tecnológico asociado. La mitad del municipio es pulverizado para la siembra. El 80 por ciento de esos cultivos es de soja, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Previo a la sesión, desde la organización Exaltación Salud informaron que un análisis del agua de red de Los Cardales y el agua de red de Capilla del Señor tienen presencia de agrotóxicos. Asimismo, también detectaron plaguicidas altamente peligrosos en agua de pozo del barrio San José de Capilla del Señor y en muestras de napa freática de Capilla del Señor en cercanías del Pequeño Hogar Exaltación y a menos de 1 km. del Arroyo de la Cruz.

Las moléculas químicas encontradas son: Clorpirifos (neurotóxico), Atrazina (disruptor endócrino), Metolacloro (posible cancerígeno), Epoxiconazol (probable cancerígeno), Tebuconazol (posible cancerígeno, disruptor endocrino, tetarogenico) y Imazetapir.

Las muestras fueron analizadas por el investigador Damián Marino dentro del Programa Ambiental de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. De un total de 12 muestras, encontraron agrotóxicos en el 40% de las mismas.

En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc.

«Las autoridades locales no han respondido jamás para atender esas situaciones socio ambientales de emergencia. En 2019 incluso el HCD votó en contra de un pedido de la comunidad de realizar allí un campamento sanitario y un relevamiento ambiental a cargo de universidades nacionales», explicó Anabel Pomar, referenta de Exaltación Salud.

Asimismo, vecinos y vecinas sostuvieron que pese a la cautelar vigente, la misma no se cumple. «Denunciamos penalmente al fiscal local, Esperante, por incumplir con sus deberes de funcionario público y dormir esas causas. La justicia lo apartó de las causas y esperamos el nuevo fiscal instruya y castigue a quienes cometen delitos contra la salud pública y el ambiente», comentó Pomar.

La referenta sostuvo que uno de los casos en los que no avanzó el fiscal es el de la familia Garri. Veronica Garri y su marido tienen glifosato en el cuerpo y una de sus hijas nació con un problema genético. Los estudios médicos asocian eso a la constante pulverización cercana a su casa en Parada la Lata.

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1 COMENTARIO

  1. Es una locura que los consejales se opongan a instalar un campamento sanitario y estudios ambientales….tendris que haber una resolución judicial para que se realice el estudio y asi se pueda legislar con datos certeros…

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