El Partido Justicialista de Luján se sumó al repudio de la condena contra Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, tras la difusión de sus fundamentos por parte del Tribunal Oral Federal N 2.
«67 años después del decreto 4161/56 que proscribía al peronismo y a Perón, dictado por el gobierno de facto de La Revolución Fusiladora. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Baso sin mucha creatividad reeditan ese decreto de Pedro Eugenio Aramburu persiguiendo los mismos fines, proscribir a la conductora del peronismo para perseguir al pueblo trabajador argentino evitando así una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público» comienza el documento del PJ Luján.
Además, calificaron a la sentencia como un mensaje mafioso a todos los que producen e invierten en beneficio del país. «El mensaje es simple, quien no se postre ante el orden establecido, quienes pretendan transformar la argentina tienen que saber que el costo de la felicidad de pueblo es la vida personal y de la familia» sostiene el documento.
Desde el PJ Luján asociaron el devenir judicial de la vicepresidenta a la situación que vivió el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, antes de volver al Palacio del Planalto tras pasar más de 500 días encarcelado.
«De lo que se trata aquí es garantizar la impugnación de nuestra conductora nacional, estamos ante una acción antidemocrática de disciplinar a los futuros y posibles candidatos para que no vuelvan a cruzar la frontera de lo posible» agrega el documento.
Por último, volvió a resonar el pedido de una reforma al Poder Judicial: «Nos merecemos un Poder Judicial al servicio del pueblo. Tenemos un Poder Judicial que poco hace desde el retorno de la democracia por democratizarse; jueces vitalicios con oscuras intenciones que dañan la transparencia».
Documento completo PJ Luján:
El Partido Justicialista de LUJÁN se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner ante la persecución y la proscripción por parte del poder judicial, unos de los tres poderes del Estado.
67 años después del decreto 4161/56 que proscribía al peronismo y a Perón, dictado por el gobierno de facto de La Revolución Fusiladora. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uribúru y Andrés Baso sin mucha creatividad reeditan ese decreto de Pedro Eugenio Aramburu persiguiendo los mismos fines, proscribir a la conductora del peronismo para perseguir al pueblo trabajador argentino evitando así una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a cualquier cargo público.
Estamos ante un mensaje mafioso hacia la dirigencia política, a las y los trabajadores, estudiantes y a quienes producen e invierten en beneficio del país. El mensaje es simple, quien no se postre ante el orden establecido, quienes pretendan transformar la argentina tienen que saber que el costo de la felicidad de pueblo es la vida personal y de la familia.
Por eso no importan las garantías procesales, la presunción de inocencia ni la total ausencia de pruebas, lo que importa es que el mensaje quede claro. Esto no es nuevo, lo vimos en Brasil con la condena a Lula Da Silva para evitar su candidatura y garantizarle el acceso al gobierno a Bolsonaro, condena que, luego de logrado el cometido fue revertida por el tribunal superior, lo que no pudo revertir el tribunal, fue el daño a la población brasileña.
Lejos de ser una pretendida condena judicial, de lo que se trata aquí es garantizar la impugnación de nuestra conductora nacional, estamos ante una acción antidemocrática de disciplinar a los futuros y posibles candidatos para que no vuelvan a cruzar la frontera de lo posible, este hecho viene a interrumpir 40 años de democracia consecutiva del país.
En 2019 el pueblo le dijo BASTA al gobierno de Mauricio Macri, el expresidente no logró su reelección, incluso con los recursos extraordinarios que aportaron el Fondo Monetario Internacional, la gran mayoría de los medios de comunicación del país con Clarín y Telecom a la cabeza, las principales cúpulas empresariales, los servicios de inteligencia y buena parte del Poder Judicial. Lo que estos sectores deben comprender de una vez, es que nada es válido fuera de las reglas del juego de la República y la Democracia.
Este fallo pretende profundizar las políticas que durante cuatro años de gobierno macrista desordenaron las vidas de las y los argentinos, es el fallo que asegura que nuestras empresas y recursos naturales sean los garantes del cobro de la deuda más escandalosa de la historia del FMI, cobrándose a su paso puestos de trabajos, jubilaciones y el sometimiento de políticas que ya fracasaron en nuestro país.
Nos merecemos un Poder Judicial al servicio del pueblo. Tenemos un Poder Judicial que poco hace desde el retorno de la democracia por democratizarse; jueces vitalicios con oscuras intenciones que dañan la transparencia, la imparcialidad mediante manejos espurios con sectores mediáticos y empresariales.
Reafirmamos una y mil veces más nuestra solidaridad con la compañera Cristina Fernández de Kirchner y nos sumamos a la convocatoria hacia quienes sientan como propia la reivindicación de la democracia a manifestarse, para que se acabe la proscripción de un espacio y una dirigente política.