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miércoles, 21 abril 2021

El negocio de la salud: ¿quiénes ganan con la pandemia?

Durante el 2020 los insumos y materiales para la atención médica aumentaron hasta un 1000 por ciento. Frente a una segunda ola, hay sanatorios que plantean que es insostenible el esquema de negocios en el ámbito de la salud.

Las clínicas privadas y las obras sociales gremiales atraviesan una crisis que se ha agudizado por la caída de los ingresos por facturación de procedimientos y el aumento de los precios de los insumos médicos ante la emergencia producida por la Covid-19.

En medio de esa crisis, prepagas y proveedores de insumos sanitarios sacan la mayor tajada especulando con el precio de los productos. En plena pandemia, algunos hicieron grandes negocios mientras prestadores públicos y privados tuvieron que sobrevivir a la especulación.

Esta semana, cerró la Clínica San Andrés de Caseros en el Partido de Tres de Febrero que atendía a pacientes de PAMI y 114 laburantes quedaron en la calle. En la misma sintonía, hace algunas semanas la Clínica Güemes de Luján publicó un comunicado en donde sostenía que la actividad era insostenible.

La entidad de salud privada de Luján explicaba que el oxígeno aumentó el 114 por ciento en plena pandemia, los medicamentos lo hicieron desde el 50 al 1000 por ciento, como en el caso del Propofol, droga anestésica de uso diario.

El midazolam que a fines del 2019 se ubicaba en 80 pesos la dosis, ha llegado a valer 1600 pesos la ampolla durante la pandemia y en la actualidad ubicándose cerca de los 750 pesos. Ante la regulación de precios por parte del Estado, los insumos desaparecieron del mercado, especulando con el desabastecimiento.

Un paciente internado y que necesita de midozolam consume por día un total de 20 ampollas. El costo para las prestadoras de salud de un paciente de terapia es de alrededor de 80 mil pesos por día. Allí se incluyen los gastos de medicamento, insumos descartables, personal de salud, entre otros.

A pesar de que la demanda es variada, la carterización en los insumos sanitarios se da de hecho. Tanto instituciones privadas como de carácter público conocen de la comunicación entre proveedores para el incremento de los precios. Con poca regulación del mercado por parte del Estado, quienes venden los insumos ponen precio de acuerdo el comprador.

Al igual que en los productos de internación, los prestadores médicos sufrieron siderales aumentos de costos extraordinarios por la provisión de insumos Covid-19. Estos insumos se conforman por los elementos de protección personal (alcohol en gel, mascarillas quirúrgicas y respiratorias, batas impermeables, dispositivos oculares, etc.) y los medicamentos de terapia intensiva (anestésicos y miorrelajantes).

A modo de ejemplo, los barbijos pasaron de costar de 5 pesos a 50 pesos la unidad al comienzo de la pandemia. Ya entrada, algunas instituciones sufrieron variaciones de los precios de 75 pesos a más de 500 pesos la unidad.

Con el sistema de gestión hospitalario, el municipio espera triplicar la recaudación por obras sociales y prepagas.

La situación en la salud pública se vuelve insostenible con los incrementos de precios y la especulación de los productores. Históricamente, el Hospital de Luján se ha llevado el 70 por ciento del gasto del presupuesto municipal y con la pandemia se han disparado los costos y gastos.

El informe de la Superintendencia de Salud sostiene que entre el extraordinario aumento de las cantidades consumidas y de los precios de los insumos de Covid-19, el aumento del gasto en insumos Covid-19 ascendió al 2.776 por ciento. Del informe de ADECRA/CEDIM surge que el incremento de precios promedio medido en agosto 2020 fue de 615 por ciento interanual.

A la ecuación entre prestadores y proveedores de insumos básicos, se les suma dos actores más: las prepagas y obras sociales y los afiliados. Los prestadores se han llevado una de las peores partes de la crisis en el sector porque son quienes brindan la atención a los pacientes y quienes luego deben esperar que las obras sociales y prepagas les paguen por esos servicios.

Dentro del mundo de las prepagas hay un caso excepcional, que tiene un gran impacto en el funcionamiento y financiación del sector de la salud. Se trata de OSDE que por su volumen de asociados se ha posicionado como negociador principal de precios y costos de esas prestaciones.

La prepaga más importante del país tiene la capacidad de negociar los valores de las prestaciones y atenciones que les pagará a las clínicas privadas. Los precios que las empresas de medicina abonan a los centros de salud por la atención y los servicios a sus pacientes parten de una negociación entre ambos actores.

Foto: Agencia Télam

De esta manera, OSDE y otras empresas de medicina han concentrado gran parte de los asociados y ha ganado poder de negociación, y disponen cuál será el valor que pagarán por las prestaciones en una lucha desigual.

Durante el 2020 esos valores prácticamente no se incrementaron generando un traslado del déficit inflacionario a los prestadores, que al incremento desorbitado de los precios tuvieron que incorporar todos los protocolos Covid.

En Luján, ese poder de negociación se vivió en un conflicto entre la Asociación Médica y OSDE. Justamente, el conflicto se dio por los aranceles que la prepaga quería pagar a los profesionales de la salud. Ante una falta de entendimiento, desde noviembre del 2020 los profesionales de la Asociación Médica de Luján ya no atienden por OSDE.

Como contrapartida, OSDE cerró acuerdos directos con médicos para que atiendan a sus afiliados. La capacidad de financiamiento y la rapidez en el pago (abonan en 30 días frente a otras obras sociales y prepagas que lo hacen a 60 o 90 días) se vuelve irresistible para el sostenimiento del sistema.

Desde las prestadoras de medicina aducen que al no tener un incremento en sus ingresos, por la limitación de un aumento en la cuota de sus afiliados, no incrementan el valor que les pagan a los prestadores privados por las consultas y atenciones.

En el complejo sistema de salud existen dos ganadores y dos perdedores. Por un lado, hospitales públicos y clínicas privadas ven un aumento de los costos y un congelamiento de los valores que pagan las prepagas por las prestaciones que pone en peligro la sustentabilidad del sistema. Asimismo, otro de los grandes perdedores es el ciudadano de a pie, que cada vez encuentra menos coberturas al 100 por ciento por parte de las prepagas o profesionales.

Entre los ganadores se encuentran las prepagas y las droguerías ante la desigual intervención del Estado que plantea una participación activa en la definición de los precios de las coberturas, no interviniendo en la cadena de distribución de costos y márgenes que el sistema privado y de las obras sociales afronta.

Foto de portada: Julieta Brancatto.

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