El conflicto laboral en Cerámica Cortines sumó en los últimos días nuevas presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en un escenario marcado por reclamos por el pago de salarios y el cumplimiento de derechos laborales.
Por un lado, uno de los delegados presentó una denuncia administrativa contra la empresa en la que solicita la intervención de la cartera laboral debido a que la empresa mantiene desde hace más de un año un esquema de pagos salariales fraccionados y fuera de término, situación que habría generado endeudamiento y dificultades económicas para los trabajadores.
Entre los principales planteos se mencionan demoras reiteradas en el pago de salarios, fraccionamiento de haberes, irregularidades en el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), dificultades en la liquidación de vacaciones y la falta de entrega de recibos de sueldo.
La presentación también sostiene que estos incumplimientos afectan al conjunto de los trabajadores y vincula el conflicto con una serie de reclamos gremiales impulsados durante los últimos meses para exigir la regularización de la situación laboral.
Estos incumplimientos motivaron distintos reclamos colectivos, entre ellos un petitorio firmado por la mayor parte de los trabajadores que exige la regularización de salarios, el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y una auditoría contable sobre la empresa.
La denuncia también sostiene que, a raíz de la actividad gremial y de esos reclamos, el delegado comenzó a sufrir un proceso de hostigamiento y persecución. Entre los hechos señalados figura la exhibición por parte de la empresa de un borrador de denuncia con acusaciones de amenazas y sabotaje, que luego fue formalmente presentado ante el Ministerio.
En la denuncia de la empresa contra el delegado se lo acusa de haber excedido el ejercicio de su representación sindical durante el paro general del 19 de febrero y le atribuye amenazas, coacción y acciones que, según sostiene, habrían puesto en riesgo el funcionamiento de la planta.
Desde la representación gremial rechazan esas acusaciones y sostienen que forman parte de una estrategia de persecución contra la actividad sindical. En la denuncia presentada ante el Ministerio afirman que la actuación de los delegados se desarrolló en el marco del ejercicio del derecho de huelga y que las imputaciones formuladas por la empresa buscan condicionar la representación de los trabajadores.
