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viernes, 27 noviembre 2020

¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?

Provincia autorizó los actos de egresados al aire libre

El Gobierno bonaerense habilitó su realización de actos de egreso en forma presencial con la participación de un máximo de cien personas y de forma voluntaria para estudiantes y familiares.

Las vacunas del calendario obligatorio ya están disponibles en Luján

El hospital y los CAPS cuentan con las dosis para vacunar a todas las personas según las indicaciones del ministerio de Provincia. Consultá días, horarios y las direcciones de los centros de salud. 

Temporada 2021: ¿abren las piletas de los clubes?

Se acerca la temporada de verano y los clubes ya trabajan en los protocolos, para poder conseguir la apertura de sus piletas. ¿Cómo será la temporada en este contexto?

Falleció un nuevo paciente con COVID-19

Lo informó la Secretaría de Salud del municipio, en su informe diario. Además, se registraron 17 nuevos casos positivos.

Comienza el Juicio a Natalia Pérez: “Lo que se juzga es habernos rebelado contra la política de ajuste”

El viernes 27 comienza la instancia de Audiencia Oral y Pública del proceso que comenzó hace casi tres años, cuando fue detenida de forma arbitraria durante la represión a la movilización en rechazo a la Organización Mundial del Comercio.

El “problema de la (in)seguridad” se articula de un modo específico y novedoso a partir de la década de los ‘90. Es desde entonces que adquiere una relevancia inesperada tanto para los medios de comunicación como para los actores políticos y sociales. La “cuestión social” es un desafío que experimenta una sociedad acerca del mantenimiento de su cohesión y la «inseguridad» una construcción en el nombre de la fractura social.

La “(in)seguridad” aparece como una construcción política y social borrosa en la medida en que no existe una definición clara y precisa sobre qué es. Sin embargo, se articula en el discurso hegemónico alrededor de una serie de elementos que preexisten a su nacimiento, a saber: el delito callejero y los sectores populares.

Los discursos sobre la “(in)seguridad” no sólo producen la fragmentación y sobrevulneración de estos sectores sino que, también, legitima intervenciones y prácticas violentas sobre ellos. Durante el 2016 se ilustraron decenas de ejemplos conocidos como «justicia por mano propia».

Para abordar la cuestión social de la inseguridad es necesario problematizar la matriz Estado-céntrica del ejercicio del poder. No debemos solo basarnos en el Estado como el único centro de poder,  sino que existen múltiples autoridades de gobierno de la población que se hallan articuladas entre sí, entre ellas, los medios de comunicación.  

La “gubernamentalidad” es el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer una forma específica de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política, como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad.  

Los medios de comunicación son una autoridad de gobierno más, al igual que el Estado, la Iglesia, los think tank y el gran empresariado, entre otros. Estos centros de poder se sirven de distintas tecnologías de gobierno con las cuales pretenden conformar, normalizar, direccionar las aspiraciones y ambiciones de los otros.

En relación a la problemática securitaria, existen dos grandes tipos de protecciones: las protecciones civiles, que garantizan las libertades fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas en el marco de un Estado de Derecho. Es decir, los bienes materiales garantizados por la propiedad privada. Y un segundo tipo de protección son las protecciones sociales. Estas cubren contra los principales riesgos capaces de entrañar una degradación de la situación de los individuos. Es decir, aquellas que intentan proteger bienes sociales que garantizan una cierta calidad de vida (Hospitales públicos, seguridad social, derechos laborales, etc).

La construcción del “problema de la (in)seguridad” se debe a dos movimientos: por un lado, el desplazamiento de las protecciones sociales y la localización de la preocupación por la inseguridad en las protecciones civiles y por el otro, la circunscripción de la inseguridad a los delitos callejeros cometidos por los sectores populares, lo cual produce como resultado una administración diferenciada de los ilegalismos por la cual “la delincuencia parece resumir simbólicamente todos los demás”.

Existe en el sistema penal la diferenciación entre ilegalismos y delincuencia, seleccionando, persiguiendo y castigando sólo algunos ilegalismos dentro del cuerpo social, (como los delitos callejeros, y más específicamente aquellos perpetrados por sectores populares), e ignorando otros (tal es el caso de la fuga de capitales por parte del gran empresariado).

En nuestro país, el nacimiento del discurso de la inseguridad, a mediados de la década de 1990, coincidió con el momento en donde las protecciones sociales se encontraban en pleno proceso de desmantelamiento (a través de las políticas neoliberales), sin embargo, no es la preocupación por la desprotección social la que hegemoniza este nuevo discurso.
Por el contrario, el discurso hegemónico se preocupa en qué hacer con los efectos del proceso de cancelación de las protecciones, en otras palabras, qué hacer con los pobres, cómo gestionar la pobreza. 

En el marco del discurso hegemónico sobre la (in)seguridad se busca resguardar las protecciones civiles y, la amenaza para dichas libertades y seguridades, aparece particularizada en los delitos callejeros cometidos por los sectores populares.

El delito es una construcción socio-histórica, de igual modo los mecanismos de intervención sobre él. La caída del Estado de Bienestar y la emergencia del neoliberalismo dan paso a las “sociedades de seguridad”. A partir de entonces, las estrategias del biopoder excluyen al sospechoso de atentar contra la seguridad de las potenciales víctimas. El modo de operar consiste en acondicionar el medio donde circula la población, sin reprimir la criminalidad sino manteniéndola en los límites social y económicamente admisibles para el orden social.

Estos modos de operar confluyen con la propagación de discursos que destacan la potencialidad del riesgo, la existencia de sujetos amenazantes y un sin número de medidas preventivas que los individuos deben adoptar en defensa propia. En este marco, el sospechoso será expulsado de la sociedad en defensa de la seguridad de la vida y los bienes de la población potencialmente víctima. La eliminación de esta amenaza no constituirá un delito, sino que tendrá lugar en nombre de una ciudadanía impotente, vulnerable, resentida.

* Las hipótesis plasmadas en esta nota de opinión son planteadas por el grupo de investigación realizadas en el Seminario de «gobierno de la inseguridad y gestión de la pobreza» de la cátedra Dallorso de la Universidad de Buenos Aires.

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Asimismo la Secretaría de Salud informó que este viernes se confirmaron 23 nuevos casos positivos para COVID-19.

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