Cuando tenga la tierra

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Finalmente las cinco familias que resistieron las denuncias del municipio y los intentos de desalojos en El Ombú accederán a un plan de pagos para regularizar su situación. De la judicialización al dominio, cronología de la resistencia y la recompensa en el marco de la ausencia del estado en políticas habitacionales.

A comienzos de 2014 cinco familias empujadas por la situación económica que vivían, decidieron ocupar un predio del barrio El Ombú entre las calles Río Luján, Beláustegui y Padre Varela que originalmente fue destinado a un plan de viviendas que la provincia comenzó pero no concluyó en el año 2000.

Cuando en 2014 el aumento en el precio de los alquileres se volvió insostenible, las cinco familias se animaron a dar el paso y erigir allí sus nuevas viviendas. Durante varios meses, sin luz ni agua y con la constante amenaza de desalojo.

La respuesta del municipio fue denunciar a los vecinos, más tarde ofrecieron pagar un alquiler por cinco meses que las familias rechazaron. «Cuando se termine ese tiempo y nuestros sueldos no alcancen volvemos a la misma situación» referían entonces. Desde sus escritorios varios funcionarios explicaban ante los medios que era todo lo que podían ofrecer. Si las familias no aceptaban quedarían en la calle.

Sin suerte otra familia intententó sumarse a comienzos de 2017 pero en ese caso la policía, el GAD de Mercedes y gendarmería evitaban a golpes y punta de escopeta su arribo al predio.

Desalojo en El Ombú. Foto: Gentileza Luján Hoy

Un proyecto trabajado por los propios vecinos  y la organización popular Vamos – Patria Grande señaló una alternativa en materia de gestión de estado. Siendo los terrenos municipales se propuso ceder el dominio a los vecinos en un plan de pagos al que puedan acceder y trabajar en cooperativa para crear seis nuevas casas. Para ello, tuvieron antes que lograr que el municipio abandone el camino de la judicialización que había emprendido con los vecinos. Costó pero salió.

La interrupción de la última sesión tras el escándalo que desató el voto negativo de Cambiemos a la propuesta de rechazar la instalación de la termoeléctrica amenazó la aprobación del proyecto. Los ediles opositores habian retirado el quorum pero tras casi una hora de insistencia por parte de los referentes de la organización popular, lograron que Martini (FPV) Scarzo y Jurina (1País) se sienten en las bancas para poder retomar la sesión y aprobar la ordenanza.

Aplicando la Ley de Acceso Justo al Hábitat se aprobó la construcción de 11 viviendas bifamiliares con una red de agua potable, un pozo de extracción común y la colocación de un biodigestor por cada vivienda. Cinco viviendas serán para los vecinos que viven allí desde 2014, mientras que para las otras seis se abrirá un registro y posterior selección.

Foto: Julieta Brancatto

La problemática habitacional se mide en cifras. En Luján más de 4 mil familias surfearon las olas de la burocracia y pudieron anotarse en el registro de la Dirección de Tierras. El registro constituye una de las pocas estadísticas locales aunque por las dificultades que existen para ingresar al mismo se estima un número mayor de familias necesitadas.

Según el último relevamiento de la fundación TECHO realizado en 2016 los datos sobre viviendas precarias alcanzan a más de 700 personas. La mayoría no accede a agua corriente, gas, cloacas y solo la mitad a luz eléctrica.

Para paliar la desigualdad en el acceso a un derecho básico como la vivienda, se aprobó en diciembre de 2014 por impulso de las organizaciones sociales, la ordenanza que le permite a la gestión de Oscar Luciani cobrar un impuesto mayor a los terrenos deshabitados y generar recursos propios para invertir en viviendas sociales. Pero el Banco de Tierras no fue estrenado aún por el intendente PRO.

Tampoco existen dispositivos municipales para atender la problemática. Las respuestas llegan desde vecinos y organizaciones. Las viviendas para relocalización de inundados en Olivera y Santa Marta así como las promesas de relocalizar a vecinos afectados por el avance de la autopista 5 son los ejemplos vigentes. Gestiones encaradas por los propios vecinos damnificados y obstaculizadas por los gestores estatales.

La ordenanza aprobada recientemente no modifica la triste estadística local, pero muestra una alternativa a la problemática habitacional y pone el acento en uno de los ejes claves para abordar la injusticia social: el acceso a la tierra.

Las cinco familias que estos años resistieron los intentos de desalojo en El Ombú recibirán un mejoramiento en sus viviendas y comenzarán a cumplir con un plan de pagos acorde a sus ingresos. Saben que la ordenanza es un primer paso, ahora toca defenderla y exigir su cumplimiento.

Otras siete viviendas serán construidas en ese predio por cooperativistas del Movimiento de Trabajadores Excluidos para que nuevas familias puedan habitarlas. Un botón más sirve de muestra y señala el camino político que debiera tomar el municipio para reducir la desigualdad social.

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