Foto: Victoria Nordenstahl

El hombre al mando encubierto de la Clínica Santa Elena tiene un prontuario de tejes y manejes por fuera de la ley. A principio de los dos mil fue procesado y embargado por el delito de “estafa agravada” en otras clínicas. Hoy protagoniza un despido discriminatorio en la institución Santa Elena de la Paz.

La institución psiquiátrica del barrio Santa Elena comenzó a ser noticia con el despido de una trabajadora debido a que sufría una discapacidad parcial. En el mismo telegrama de despido, la patronal informaba que por poseer el síndrome de Arnold Chiari Tipo 1 debían rescindir de sus servicios. Algo que la propia trabajadora desmintió, ya que señaló que su certificado de enfermedad no era por poseer dicho síndrome, con el cual trabajó durante siete años en la empresa.

Sin embargo, sus dueños tienen una larga trayectoria en el «negocio de la salud» y en varias clínicas psiquiátricas han tenido sus tejes y manejes por fuera de la ley. Ernesto José Tapia, dueño de la Clínica Santa Elena de la Paz, fue procesado y embargado por 2,5 millones de pesos en 2004 por estafar al PAMI. El cargo que recayó sobre Tapia y Aníbal de los Santos fue el de delito de «estafa agravada».

Tapia era gerente de Esfel S.R.L. y titular de Trafel S.A., sociedades comerciales que explotan la clínica Santa Mónica y el centro ambulatorio Little Jowi. Además, Tapia fue titular de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (Facap).

Ernesto Tapia, procesado por estafa agravada al PAMI

Según había revelado Página 12, De los Santos era presidente de Therapia Norte S.A., que poseía un centro de atención ambulatoria en la localidad de Pacheco. En enero de 2001, las tres clínicas habían firmado contratos con el PAMI para atender a los jubilados del norte del conurbano que precisaran atención psiquiátrica: se habían comprometido a atender en forma ambulatoria y a dar servicios de internación crónica y aguda. Y cobraban por ello.

Sin embargo, a partir de la denuncia de una psicóloga se descubrió que Therapia Norte –que explota el centro ambulatorio de Pacheco bajo el nombre de fantasía “Asis-Men”– “no se encontraba en condiciones de brindar las prestaciones cuyo compromiso asumiera contractualmente”. En el contrato del PAMI se había fijado que dicha empresa tenía que estar en condiciones de atender eventuales casos de internación psiquiátrica crónica sobre una población de 10.000 afiliados. Al mismo tiempo debía estar preparada para recibir internaciones agudas para un conjunto de 26.911 jubilados. A cambio, recibía 64.495 pesos mensuales. Como no contaba con las suficientes camas para prestar el servicio, Therapia Norte firmó una “fusión prestacional” con Esfel S.R.L. para derivar a la clínica Santa Mónica sus internaciones.

Esfel sumó a los pacientes de Therapia Norte que necesitaban internación. Pero hubo más irregularidades. A través de un nuevo convenio con Trafel S.A., Esfel incorporó el cupo de internaciones de esa sociedad. Según la denuncia de Graciela Ocaña y la resolución del juez, para recibir tantas internaciones Esfel debía poseer 196 camas sólo para los afiliados del PAMI. La clínica disponía sólo de 120 camas, con una infraestructura que no alcanzaba para atender tantos pacientes.

Además Ernesto Tapia fue involucrado en otro expediente judicial tras su paso por la presidencia de la Facap. El sumario judicial iniciado en 2003 a través de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans denunciaba prácticas coactivas de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (Facap) para que los prestadores de salud mental abonaran una suma de dinero, a modo de retorno, con el propósito de distribuirlo entre autoridades políticas vinculadas al PAMI.

El dinero que pagaba el PAMI pasaba primero por las autoridades de Facap, luego de la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (Cacep), tras un cambio de nombre pero no de prácticas. Además de quedarse con un porcentaje les exigía otro a los prestadores, de forma compulsiva, del que no dejaba registro alguno. El pago se hacia a través de Juan Carlos Farjat, quien se lo llevaba a un tal Jorge Martínez a una isla del Tigre, o alternativamente se depositaba en una cuenta personal de Ernesto Tapia, quien fuera presidente de Facap y Cacep. Tapia confesó que Barrionuevo, Nosiglia (ex ministro radical) y Alderete (el menemista ex titular de PAMI) eran destinatarios finales del dinero.

Según los testimonios recabados por el informe de Página 12, si no se cumplía con ambos pagos, los titulares de la Facap y luego de la Cacep se comunicaban por teléfono con los propietarios de las clínicas con el objetivo de exigir los pagos de referencia y, de no acatarse dicha intimación, ponían en práctica distintos mecanismos de presión, entre los cuales se encontraban: auditorías tendenciosas que conllevaban su exclusión como prestador, la reducción del número de cápitas asignadas o el retraso o congelamiento en el pago del monto mensual.

Más tarde los directivos de Facap y la Cacep idearon un fideicomiso, como operatoria alternativa para seguir recaudando dinero. Bajo el nombre de fantasía de Fideicomiso Unión de Prestadores Psiquiátricos, representado por Horacio Ferradas, se buscaba la adhesión de los prestadores bajo amenaza de ser desplazado del circuito normal de pagos del PAMI, con el consecuente perjuicio económico que ello conllevaría.

«La causa la recurrieron diez mil veces, psiquiátrica tardo mucho en resolverse, mientras otras causas como pediatría tuvieron su fin. Mientras otros de los imputados de esa causa se pasaron de rubro, me enteré hace dos años de que Tapia volvió a integrar clínicas psiquiátricas. Tapia siempre fue muy controvertido con el manejo de psiquiatría» relató una ex funcionaria del PAMI.

En 2011, tras una apelación de Ernesto Tapia en lo procedimental, la defensa del empresario de la salud consiguió anular las indagatorias realizadas y volver a foja cero el procedimiento de investigación. Además otro fallo frente a la posibilidad de que el autoprocesamiento prescriba se decidió suspender el pase a acuerdo a la instancia previa de la imputación y procesamiento ante la posible extinción de la acción penal.

En la actualidad, Ernesto Tapia retomó el negocio de las clínicas psiquiátricas como lo hizo durante los noventa y el principio de los dosmil. El telegrama de despido está firmado por Graciela Susana Alselmo, quién sería la testaferro de Ernesto Tapia y socia en otras empresas que ambos comparten. Anselmo figura como presidenta de la Clínica Santa Elena de la Paz desde 2009 cuando la empresa cambió de dueños.

Recién en el año 2016 hace su aparición legal Ernesto Tapia como Director Titular y como vicepresidente, Leonardo Ghioldi. Junto Johanna Estefania Tapia los cuatro socios repiten sociedad en diferentes sociedades anónimas.

Guayco S.A, Pichima S.A y Quillagua S.A son otras tres asociaciones anónimas que se dedican a la prestación de servicios de salud, instalando, explotando y contratando servicios de sanatorios, centros asistenciales y de recreo para personas adultas y/o personas con distintos tipos de discapacidad psíquica y/o motriz, servicios médicos y asistenciales, asistencia neuropsiquiátrica general, centros ambulatorios de consultorios externos y/u hospital de día, comunidad terapéutica, servicio de atención de geriatría de gerontopsiquiatría, discapacidad y en general la explotación de actividades relacionadas con el traslado de pacientes, en especial asistencia médica de urgencia.

En 2017, Leonardo Ghioldi era el presidente de Guayco S.A y en marzo designaron a Graciela Susana Anselmo como Directora Suplente. Mientras que en 2019, la presidenta pasó a ser Graciela Susana Anselmo mientras que el Director Suplente es Ernesto José Tapia. En Pichima S.A, en 2015 se designo el directorio con Graciela Susana Anselmo como Presidente, Leonardo Ghioldi como vicepresidente, Ernesto José Tapia como Director Titular y Johanna Estefania Tapia como Directora Suplente. Mientras que en Quillagua S.A en 2018 se designó Presidente a Graciela Susana Anselmo, como Director Titular a Ernesto Jose Tapia y como Directora Suplente a Johanna Estefania Tapia.

Sin escándalos de manejos ilegales a la vista, Tapia volvió al negocio de la salud mental y posee cuatro clínicas psiquiátricas, en la que en una de ellas las prácticas de la patronal de la Clínica Santa Elena perjudica a trabajadores de la institución.

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