Llegó temprano, desayunó y luego cruzó palabras con Luciani, Cabrera, Pedurán y Pedro Pérez. Héctor Artero es intendente interino, figura histórica del vecinalismo, dirigente político con peso en todas las decisiones municipales y el lunes fue a juicio por incompatibilidades en su función pública. En los alegatos del viernes se juega la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Una bufanda, una campera azul y un maletín negro. En algún momento se hizo famosa la frase simpsoniana donde un vendedor dice que existe «La verdad y ‘La verdad'». En nuestra ciudad se replica a la hora de expresar que existe «El intendente y ‘El intendente'». Así es como le dicen todos y todas las figuras del mundo político y periodístico a quien levantó la taza de café con los ojos puestos en el televisor que transmitía Suecia contra Corea del Sur.

El contador Héctor José Artero hizo un tentempié en la esquina de las calles 26 y 29. El café le alcanzó para pasar medio día en Mercedes, desde las primeras horas de la mañana hasta casi las 14. Comenzó con mejor humor que el que mostró al irse y, a lo largo del juicio, mezcló risas nerviosas con gestos adustos. Por estas horas Artero vive momentos de furia y cansancio luego de una jornada que no le fue favorable ni siquiera con las declaraciones del intendente y otros exfuncionarios de primera línea. El fiscal Adrián Landini mantuvo una línea interrogatoria sólida y de acusación concreta que fue compleja de desarmar para la defensa.

«Este es su juicio oral donde se va a debatir la existencia de un delito, en este caso negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; la existencia del delito, la autoría y la responsabilidad que le cabe en el mismo», marcó el inicio la jueza María Teresa Bomaggio mientras Artero miraba desde el rincón derecho. Junto a él, Ricardo Arguelles acomodaba papeles y tomaba agua en los movimientos previos a iniciar la estrategia para defender a su cliente.

«Intentaré probar que es autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatible con el ejercicio de la función pública según los artículos 45 y 265 del código penal. Aquí se imputa que en el periodo diciembre de 2011 a noviembre de 2013 cumplía la doble función incompatible como secretario de Economía y a la vez vicepresidente de la firma Fidegroup, proveedora durante todo ese tiempo de fideos a la municipalidad, negocios que no deberían llevarse a cabo por el señor a sabiendas de esa incompatibilidad que existía, ya que es lo que prevé el artículo 265 y que el señor Artero, por su área específica y extensa trayectoria de ninguna manera podemos pensar que desconocía», expuso Landini sin levantar la vista y enfocándose en las fojas de la causa, dirigiéndose al actual concejal de Cambiemos.

La defensa a su turno ofreció “Vinimos a controlar la prueba que va a producir el fiscal y a acreditar la competencia de Artero como secretario de Economía y a demostrar que no era un interesado en beneficiarse él o a la empresa. Finalmente, que no habría actuado de manera dolosa, solamente negligente”.

En orden del llamado realizado por la jueza, Gustavo Miano, Jonatan Fattorini, Silvina Anselmo, Horacio Di Marco, Oscar Luciani, Sebastián Kise, Alcides Pedurán, Carlos Pedro Pérez y Miguel Cabrera comenzaron a desfilar para sentarse en la silla de los testigos. Silvio Klein, denunciante ante la fiscalía en 2014 esgrimió que se encuentra todavía fuera del país, por lo que el comienzo de las declaraciones las hizo el periodista del programa radial Ida y Vuelta quien relató paso a paso la investigación que realizó en su medio.

Una mañana acéfala: todos a Mercedes

Foto de perfil: Luciani y Artero, intendente e «intendente». El sillón del municipio, vacío.

Ni más ni menos que el intendente, su interino próximo al banquillo, el ex mandamás de Legal y Técnica, el ex secretario de Economía y, por último, una de las figuras deliberativas radicales, armaron una ronda situacional cuando, pasadas las diez de la mañana, todavía el juicio no empezaba.

Pero de un momento a otro, el escenario quedó armado. Una jueza al frente, fiscal y defensa cara a cara, y una silla con destino a los testigos, equidistante de los escritorios dispuestos para su señoría y las partes.

La defensa insistió ante todos los testigos con la intención de probar que Artero nada tenía que ver con la compra de fideos a la empresa que él mismo comandaba. El recorrido de las órdenes de pago, de dónde salen, hacia dónde van, quién las mira y cuándo, como también qué datos tienen, resultaron las preguntas centrales. En ese trayecto -según la estrategia de Arguelles- Artero nunca vio nada.

En el ingreso a escena del fiscal vía preguntas, las manos de los testigos se movían en modo piano sobre las rodillas y el timbre de voz cambiaba notoriamente. «Que conste», aplicaba rápido Landini cuando un dato evidenciaba parte de su acusación. Así fue, por ejemplo cuando la defensa consultó a Luciani: «¿Sabía que el señor Artero, secretario de Economía, se desempeñaba de alguna forma en Fidegroup?», interrogó. «Yo sabía que trabajaba en la empresa», soltó Luciani ante un eterno silencio de las partes.

¿El director de Compras dependía, depende, del área de Economía?, fue una de las preguntas para Luciani. «Depende del intendente. Aunque todo lo que hace el director de Compras debe pasar por el secretario de Economía, ante el tribunal de cuenta responde el director y el intendente», argumentó. Respecto al pedido de informe que hizo el Concejo Deliberante, Luciani prefirió optar por un «no recuerdo».

Alcides Agustín Pedurán, luego de una explicación detallada y puntillosa del procedimiento normativo -haciendo gala de su experiencia en el municipio- también dejó complicaciones para Artero, quien lo miraba fijo y tocaba el brazo izquierdo de su abogado para aportar recursos. «En Economía: ¿Cuándo se toma conocimiento sobre quién es el proveedor? pidió Landini. Pedurán afirmó: «Y, finalmente cuando se paga seguramente lo puede llegar a conocer». Otro «que conste», otro silencio.

Arguelles y Artero: un día que guardará en su memoria, sentado en el banquillo de los acusados.

Párrafo aparte para el tête-à-tête entre el fiscal y Pedurán: «Descuento que conoce las incompatibilidades que establece la ley orgánica municipal… ¿Sabe a qué le refiero, sobre todo a la cuestión compra, venta y proveedores?

-Creo conocerlo.

-Dígame, a ver si estamos hablando de lo mismo.

-Cuando la ley orgánica establece que no podrá ser agente municipal quien tuviere interés en contrato de obra  servicio con el municipio.

-¿Tiene conocimiento si Artero, paralelamente a su rol de secretario de economía, tenía algún cargo en una empresa proveedora de la municipalidad?

-En rigor de verdad no lo sabía, excepto cuando trascendió la denuncia.

De ser así, dada las incompatibilidades que usted conoce, ¿está permitido?

-Bueno, eh, yo no sé…

-Está o no está, esa es la pregunta, -interrumpió el fiscal-.

-A ver, bueno, ha habido una variación en la valoración jurisprudencial…

-Disculpe que lo corte pero eso tendrá que decirlo su señoría, para eso es este juicio.

-Es que si le digo que no tiene prohibición, puede sonar que es falsa mi respuesta, pero puede ser que tenga o no tenga responsabilidad, según otros factores.

-Pero usted está en calidad de testigo, no de juez

-Por eso no quiero dar una respuesta valorativa.

-Gracias, ya me respondió. No más preguntas. 

Más tarde, Cabrera, luego Carlos Pedro Pérez. La piedra se volvía a poner en el camino para que tropiece una y otra vez. La relación Artero-Fidegroup fue al centro de Cabrera, ex secretario de Economía y ahijado político. A posteriori y consultado por las restricciones de la Ley Orgánica Municipal, Cabrera también manifestó: «Sí, creo conocerlas; no tener intereses contrapuestos con alguien que contrate con la municipalidad». ¿La respuesta? «Que conste, no tengo más preguntas». Cabrera se levantó lentamente y dejó la silla caliente para el último: el actual concejal Carlos Pedro Pérez.

«Significancia» explicó el contador radical, a pedido del abogado defensor. La línea fue exponer los montos antiguos y actualizados para compararlos con los números generales de las finanzas municipales e intentar demostrar que no fueron sumas elevadas en las que habría tenido intervención Artero.

Para esa hora, el concejal vecinal ya se notaba cansado y acorralado. El viernes serán los alegatos y la sentencia, la cual se podrá apelar en la Cámara mercedina. O incluso quizá no haga falta y «el intendente» salga ileso, sabiendo que -igualmente- fue uno de los peores días en su carrera política desde 1977, cuando comenzó a pasillear la municipalidad con tareas de contador, en los días de la dictadura militar donde en Luján ofició de Comisionado Pedro Sallaberry, padre político de la Unión Vecinal.

En el Bar Cabildo, de la 29 y la 26, el pizarrón ofrecía pastas como plato del día y la previa para Inglaterra-Túnez mostraba a cuatro gordos hablando de fútbol. Pasadas las 14, los experimentados políticos lujanenses  del vecinalismo y el radicalismo dejaron el Juzgado en lo Correccional N° 2 para enfilar hacia San Martín 550, en espera del último día de la semana donde se escribirá un nuevo capítulo sobre «el intendente».

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