Con sólo 9 de los 16 expedientes, haciendo caso omiso a datos clave e inventando acciones que el municipio nunca realizó, Bidone frizó la causa. El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos mandó al archivo la denuncia que había presentado parte de la oposición contra el intendente y dos de sus funcionarios. “No es posible determinar la voluntad de ‘no’ cumplir con lo que la ley les mandaba”.

“Proceder al archivo de las presentes actuaciones”, “posibilidad de pedir revisión de la presente resolución ante el Fiscal de Cámara Departamental y “dejándose constancia que la presente investigación podrá ser destruida en el plazo de 10 años a contar de la fecha” son los puntos resolutivos que firmó el fiscal Juan Ignacio Bidone a cargo de la Unidad Funcional de Delitos Complejos Nº 1 de Mercedes al finalizar diecinueve fojas de argumentación con las que archivó momentáneamente la denuncia que hicieran concejales opositores a funcionarios del Ejecutivo por la central termoeléctrica.

Reacción oficialista: los araucarios

Preciado accionar recibió la gestión local de Oscar Luciani: funcionarios y concejales se subieron rápidamente a celebrar la decisión tomada en la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes. Whatsapp y redes sociales se replicaron para visibilizar la resolución en un apuro que impidió incluso la lectura de los argumentos por los propios divulgadores y comunicadores. El esquema montado operó de modo que se cimente la base para nuevas propuestas las cuales tienen como objetivo habilitar una empresa de tercera categoría, en zona no apta y construida de modo ilegal. Así también llegó la solicitud por parte de Araucaria Energy-Stoneway Capital para la habilitación municipal, días atrás.

Más regla que excepción, en este caso también lo jurídico y lo político se tocan. Cambiemos juega de contragolpe en el Araucariagate y esta decisión judicial en el sentido favorable intentó ser utilizada como un determinante para el avance de proyectos alternativos que hagan caminar la aprobación de la termoeléctrica. El radicalismo -principalmente- pasillea con glamour para tentar a responsables y dialoguistas, e idea la arquitectura legislativa que posibilite el uso de suelo a la industria ilegal. Ironía o no, la trama parece encaminarse a reescribir localmente un capítulo de Los Simpsons.

La intención de la oposición basada en que el tema no sea tratado nuevamente, luego que en 2017 se votara por unanimidad no darle el uso de suelo, generó diversas estrategias legislativas que surgieron al calor del reclamo de las vecinas y familias afectadas directamente por la instalación de la termoeléctrica de Araucaria Energy. Por otro lado, la pata judicial fue también encarada por un sector de la oposición: Capelli, Prince, Siror, Pereyra y Krauth denunciaron penalmente a Oscar Luciani, Carlos Patetta y Marcelo Gutiérrez por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal en su laberinto

En mayo de este año Juan Bidone tuvo en sus manos la denuncia. Desde esa fecha en adelante las pruebas siguieron acercándose a la fiscalía: videos, entrevistas, audios, declaraciones contradictorias, confesiones de parte. Con todo lo recibido el fiscal decidió el archivo con algunas omisiones considerables. La más llamativa: tomar la decisión con vista de 9 expedientes cuando en el Municipio se contabilizan 16, así manifestado por el Concejo Deliberante.

Bidone comienza desestimando que en el primer trámite la firma se presenta como industria y le rechazan el certificado advirtiéndole que allí no se puede instalar al central, sin embargo luego pasan al encuadre de servicio: la municipalidad así lo determinó ante la primera presentación de Araucaria. Pero luego encontró la llave para cumplir con las presiones nacionales y los intereses privados: hacer pasar a la termoeléctrica como algo que no era.

“El 1/11/2016  el municipio, en una nota sin firma”, redacta Bidone sin sorpresa y utilizando el expediente 4069-402/17. Llamativamente la denuncia indica que existe otro expediente donde sí se constata la firma, en lo que se propone como la adulteración de documento público”. A continuación, en la misma foja se establece que el OPDS coincide con el municipio en la postura inicial de la municipalidad, en letra de Carlos Patetta.

En la foja 5 de las 19, no repara en la tergiversación en el pedido para el levantamiento de la paralización de obra. El intendente firma un decreto donde la condición era para pedir y realizar Estudios de Impacto Ambiental, pero -así lo redacta el fiscal- se fueron recibiendo “informes” por parte de las casas de altos estudios, a la vez que una “opinión” solicitada al OPDS quien respondió que no era su función. Bidone desestima que el intendente levante la paralización a partir de elementos que se quieren vender como los requisitos aceptados.

Con una obras sin planos visados que dio paso a una termoeléctrica que se encuentra ya haciendo pruebas, la fiscalía tampoco contempla inconveniente legal. Dicho punto está expuesto en los argumentos: “Solicitan los visados del plano de Mensura” dice el fiscal pero no repara en que no se llevó a cabo el visado, algo admitido por Luciani ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Bidone vuelve sobre dicho punto en la foja 13, pero sin alarmarse de tamaña irregularidad.

Presente (el momento el que estás)

Casi hasta este mes llega el repaso del fiscal Juan Ignacio Bidone. Casi un mes atrás, la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas Norte de la policía de la Provincia de Buenos Aires llegó a inspeccionar, según lo relata el propio fiscal quien transcribe lo que expresaron los agentes.

“Fuimos recibidos por Gabriel Colombi quien dijo ser el máximo responsable del lugar… Gerente de la empresa Araucaria Energy quien dijo que la etapa de montaje se encuentra suspendida”. Nuevamente, en una comedia de mentiras, no fue llamativo para Juan Bidone que el gerente exprese algo falso, ya que la paralización fue levantada en febrero como se puede constatar analizando la totalidad de la documentación. Para colmo se destaca inmediatamente después la “acción proactiva llevada a cabo por el municipio”, cuando toda la intervención expresada no fue realizada por la órbita local.

Así, y señalando que se ha hecho un “exhaustivo examen de los elementos probatorios”, consideró: que Araucaria Energy eventualmente haya ido más allá de lo que le estaba permitido no es responsabilidad ni del municipio de Luján ni en este caso del OPDS por ser autoridad de aplicación de la ley mencionada: es su propia responsabilidad y en virtud de ella la autoridad de aplicación determinará la misma y sus sanciones si fuera el caso”.

 

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