El proyecto presentado por el interbloque peronista plantea la suspensión de las infracciones posteriores al 27 de marzo. Con nueve votos a favor y los ocho de Cambiemos en contra, se ordenó que las multas labradas desde dicha fecha, dejen de tener validez.

La ordenanza va en el mismo sentido que el pedido de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, para determinar la validez o no del sistema de estacionamiento. Es por esto se que modificó el artículo primero de la norma, indicando que el plazo comprendido para la anulación de las infracciones, sea desde el 27 de marzo del corriente año, hasta que la Corte Suprema se pronuncie a favor o en contra de la legalidad de la vigencia del sistema.

El bloque de Cambiemos se manifestó en contra de la normativa, luego de su paso por la comisión de legislación. En este sentido el Concejal Fernando Casset sostuvo que «hay que observar la presunción de legitimidad de los actos administrativos, la cual impone su validez. Aunque haya cuestionamientos, no se vio afectada la vigencia del estacionamiento medido. Nadie declaró nula la legislación que lo habilita, entonces estamos afectando la seguridad jurídica basada en esta presunción».

Por otra parte insistió en que «la lógica institucional no comprende que quienes promovieron este planteo de conflicto de poderes, pretendan anticiparse a lo que resuelva la justicia, pidiendo los efectos de esa resolución antes de que resuelva la corte», refiriéndose al pedido de nulidad del sistema.

«Razonablemente deberían esperar a que la corte resuelva. Si nos llega a dar la razón en la vigencia del decreto que se cuestiona, entonces deberíamos volver a cobrar las multas que ahora estamos anulando. Esto tiene una lógica complicada», agregó el edil.

Para finalizar fue crítico con la oposición, especialmente con el interbloque peronista, quien impulsó la anulación de las multas por estacionamiento medido: «Desde el punto político tampoco entiendo la lógica de procurar este tipo de desobediencia popular, diciéndole a los vecinos que no cumplan con esta norma y afectando el patrimonio municipal», sentenció.

Por su parte el Concejal Facundo Romero fue tajante con su postura: «Con respecto al proyecto de ordenanza que está en consideración, debería hacerse con una lógica política institucional que haga las cosas más simples para los vecinos de Luján. El ejecutivo incumplió la lógica institucional política y jurídica en el momento en que firmó un decreto reglamentario y alteró una ordenanza votada por este cuerpo deliberativo. Por lo tanto se deberían anular las multas hasta el momento en el que la corte resuelva este conflicto».

Finalmente el proyecto de ordenanza fue aprobado con nueve votos a favor y ocho en contra. De esta manera las multas labradas desde el 27 de marzo y hasta que la Corte Suprema dicte una resolución respecto del conflicto de poderes entre los poderes ejecutivo y el legislativo, no tendrán validez.

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