Abuso sexual en escuelas: “La institución no puede sostener el pacto de silencio”

Esta semana una denuncia de abuso sexual en el marco educativo generó distintas versiones y posiciones sobre los hechos. Lejos de las particularidades del caso, las escuelas poseen herramientas para prevenir, detectar y abordar este tipo de problemáticas. Es obligación de la institución utilizarlas. ¿Se aplican actualmente? ¿Por qué los dispositivos fallan?

Una denuncia de “abuso sexual simple” por parte de un alumno de la Escuela Normal hacia otras estudiantes, dejó en shock a propios y ajenos. Sin dejar de atender el relato de las denunciantes y las situaciones que se desataron luego de la denuncia en la Justicia (el acusado recibió una golpiza por parte de otros alumnos), las mirada recaen sobre las falencias del sistema educativo que no pudo prever la situación y ante un hecho explicitado, no logró intervenir integralmente la problemática.

La Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar está disponible al público general en el portal web www.abc.gob.ar de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La misma está dirigida a inspectores, directores y docentes; a los Equipos de Orientación Escolar, los Interdisciplinarios Distritales y los Equipos de Inclusión, siendo una de las herramientas institucionales más concretas que tiene el sistema educativo.

Previo a esa intervención que plantea la guía, una serie de factores contribuyen tanto a que los niños, niñas y adolescentes (NNA) actúen de manera abusiva, como para que las víctimas no lo denuncien, así como para que el equipo profesional de la institución no logre intervenir exitosamente en aquella situación.

Consultado por Ladran Sancho, el docente e investigador Matías Remolgao explicó que respecto a los alumnos, si bien hay diversidad de variables, resulta determinante la “imposiblidad de operativizar espacios institucionales en la escuela, donde se dé una escucha comprometida que los ubique como sujetos con demandas, que quieren generar experiencias para estar mejor en la escuela y con ellos mismos”.

Sin embargo resulta poco probable el éxito de un espacio de encuentro entre NNA cuando el sistema educativo en general no les provee las herramientas básicas para hacerlo, así como no forma al equipo docente y todo tipo de trabajadores y trabajadoras del ámbito escolar, para que puedan intervenir.

El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires cuenta con una serie de herramientas, dispositivos y recursos para trabajar en función de la prevención, la identificación y el acompañamiento de situaciones de abuso sexual en la infancia y adolescencia, pero estos dispositivos muchas veces son inexistentes en las escuelas o se desarrollan en procesos de total precariedad.

“Los Equipos de Orientación Escolar (EOE) que no dan abasto, con instituciones que tienen una matrícula muy elevada, o escuelas que directamente no tienen EOE. Una precariedad que se expresa también en las propias condiciones laborales de los docentes que no permiten generar espacios institucionales entre docentes y estudiantes para poder identificar problemáticas y situaciones que se están dando en el aula o la vida cotidiana escolar”, problematizó Remolgado.

“Esta precariedad también se evidencia en la formación de los docentes y en todo el personal de la escuela respecto a la problemática del abuso sexual en la infancia y adolescencia. La formación docente en este aspecto es casi nula. Tampoco hay procesos de capacitación porque no están pensados desde las políticas públicas educativas”, señaló.

Ante este escenario poco alentador, las escuelas deben valerse de las herramientas posibles para prevenir, problematizar e intervenir cuando se da una situación de abuso sexual en la infancia o adolescencia.

Por un lado la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar establece que la prioridad tiene que ver con escuchar a ese NNA que expresa que ha vivido alguna situación crítica o conflictiva. Debe ser una escucha atenta, que no juzga, que acompaña a quien está revelando esa vivencia que genera miedo y dolor, y que es difícil de poner en palabras. A partir de ahí, se debe intervenir.

“Cuando un NNA devela en la escuela que ha sido abusado o acosado, la institución no puede de ninguna manera generar o sostener el pacto de silencio en términos de ocultar los hechos. La institución tiene la obligación política, pedagógica y humana de poner en marcha con total rapidez los mecanismos y recursos para que se resguarde a esa víctima y su familia”, argumentó el investigador y docente.

“Una vez que aparece esta situación, el equipo de conducción debe junto al de Orientación Escolar y el de inspectores, coordinar acciones de intervención en ese momento particular; que puede ser desde acompañar a la familia a denunciar, hasta trabajar la temática adentro del grupo de estudiantes. Esto no debe ser callado, la institución tiene que generar los espacios para que estas situaciones que están tomando a la propia institución, se pongan en palabras”, concretó.

Otra herramienta que tiene el sistema educativo se relaciona con la propia modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. La misma debería comprender la implementación de  dispositivos de intervención territorial, que son los EOE en las propias instituciones, pero también equipos interdisciplinarios que trabajen sobre la inclusión social y temáticas profundas de la infancia y adolescencia, poniendo énfasis en la promoción de los derechos, en la prevención de situaciones violentas, y en los procesos de formación e intervención en este tipo de situaciones.

Por otro lado son fundamentales los espacios propios de participación de cada institución educativa, donde el alumnado puede debatir y definir cuáles son las problemáticas, inquietudes, preocupaciones y demandas que tienen como estudiantes, como docentes, como comunidad educativa en general. La clave es ponerlo en evidencia para comenzar a trabajarlo. “Estos espacios permiten que se genere una cultura de participación que permite definir qué hacer para trabajar en función de esas problemáticas”, explicó Remolgao.

En ese sentido destacó la importancia de la prevención y el rol fundamental de las escuelas para garantizarla, mucho más si se da en el abordaje del abuso sexual en la infancia y la adolescencia. “La institución debería considerarlo como un problema de salud pública y para ello necesita generar un proceso de prevención con actividades en la comunidad. Una prevención que implica generar acciones de promoción de la salud, de cuidado y revelorización del propio cuerpo”, sostuvo el docente.

Frente a este panorama aparece en primer plano la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral como la herramienta más importante para el alumnado, para poder detectar, prevenir, evidenciar, denunciar e intervenir ante situaciones de violencia o abuso, tanto intra como extraescolar.

“La ESI plantea que uno de los ejes a trabajar son las situaciones de vulneración de derechos por parte de los niñas, niños y adolescentes. Una de esas situaciones tiene que ver con el abuso sexual en la infancia y adolescencia. Entonces la ESI es una herramienta fundamental para que pueda trabajarse este eje en las asignaturas o en espacios específicos de educación sexual” reflexionó Matías Remolgao. “Permite construir espacios en la institución para poder formar y poner en palabras este problema. La ESI también nos permite trabajar en las formas en las que se vinculan los jóvenes en los distintos escenarios sociales, y también cómo lo hacen con los adultos”.

La gran dificultad  que se presenta es que actualmente la Educación Sexual Integral no está siendo implementada como lo determina la ley, y está sujeta a voluntades particulares de los equipos docentes que la acatan y avanzan en el abordaje tanto de la ESI como del abuso sexual en particular.

El síntoma es parte de un sistema que tiene deficiencias integrales. Así como la ESI no se aplica, tampoco todas las instituciones tienen EOE o están capacitadas para utilizar las herramientas que el sistema escolar les provee. La falta de formación específica, el desfinanciamiento y recorte del sector educativo, y la falta de políticas públicas a favor de la educación tanto pública como privada, son parte de un combo peligroso que ante un desafío como una denuncia de abuso sexual en una escuela de Luján, dejan en evidencia las fallas y falencias del sistema educativo.