Pasó un año desde que Luciani firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y la Oficina de Fortalecimiento Institucional bonaerense. Allí se comprometió a implementar “políticas de transparencia y prevención de corrupción”. ¿Cómo respondió? Escondió la mitad de los decretos y congeló la plataforma Gobierno Abierto. Una de caras y caretas.

Las fotos publicadas el 1 de diciembre de 2017 mostraban pura sonrisa para los intendentes que rodeaban a Laura Alonso y Luis María Ferella, ambos responsables en sus respectivas áreas destinadas a los controles de la gestión estatal en torno a los hechos de corrupción y la transparencia de los gobiernos. Y Oscar Luciani fue uno de los que puso la cara y el gancho aquel día en un pomposo convenio Marco de Cooperación con la Oficina de Anticorrupción y la Oficina de Fortalecimiento Institucional bonaerense que quedó en letra muerta.

La gestión municipal se comprometió a “definir el universo de sujetos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas; Implementar estrategias de sensibilización orientadas a involucrar a los actores locales en las temáticas vinculadas a la trasparencia, ética y lucha contra la corrupción; Publicar en forma proactiva datos actualizados, preferentemente en extensiones de archivo correspondientes a software de planillas de cálculo que permita su procesamiento y reutilización; Transparentar la información referida a la ejecución presupuestaria en forma periódica; Implementar buenas prácticas en las contrataciones públicas con la finalidad de incrementar la efectiva vigencia de los principios de competencia, concurrencia, publicidad y transparencia”. Sin embargo, en los hechos, pura cháchara respecto a lo realizado durante el año pasado por el gobierno de Cambiemos.

Boletín oficial: el último decreto de 2018 fue en julio. Escondé tranquilo.

Para establecer datos concretos el intendente Oscar Luciani firmó más de dos mil decretos en el último año y, en números exactos, promulgó 2.121 actos de gobierno de los cuales sólo fueron publicados 1.179 en el Boletín Oficial del municipio, por lo que se escondieron casi 1.000 decretos. Años atrás, desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ya le advirtieron la falta y multaron al intendente. Para Luciani da igual, la multa se paga. Y la tranquilidad de gobernar sin controles, también.

La estadística tiene sus matices pero no para favorecerlo: cientos de decretos se ocultan hasta tanto sea “adecuado” (o no) publicarlo. ¿Un ejemplo? “Cuando se decidió no publicar el decreto que dejó a la termoeléctrica seguir trabajando muchos no lo podíamos creer, pero fue así: se escondió para evitar problemas, eso se decía”, reconocen desde Cambiemos. En suma, desde el 05 de julio del año pasado que el gobierno decidió no cumplir con las leyes vigentes ni con los convenios firmados ante funcionarios nacionales: no publica ni entrega información pública por ninguno de sus dos canales, Boletín Oficial y Gobierno Abierto.

El Jefe del Ejecutivo rompió su propio récord ya que durante 2018 fue el ciclo con menos decretos publicados desde 2011, fecha de su primer inicio de gestión. El año recién concluido también se llevó puesto otra herramienta creada para la transparencia y el acceso a la información pública: la plataforma Gobierno Abierto quedó sin servicio real y su creador Maximiliano Chisnerman cayó de Subsecretario de Modernización a Director de Sistemas, siempre bajo el mando efectivo de Ana Rita Sallaberry.

Capturas: dos imágenes que exponen no solo la desactualización sino el (no) funcionamiento de Gobierno Abierto.

Un pecado, una página web. Como se ve en las imágenes previas, Gobierno Abierto está fuera de servicio y los datos más recientes son de 2017. El portal de Datos Abiertos, “surge de una decisión política del Intendente Oscar Luciani y de una necesidad primordial en los gobiernos de transparentar la Gestión, brindando además, la posibilidad de que la ciudadanía se empodere de los datos, colabore y participe de las decisiones de Gobierno”, sarasea la descripción.

La realidad es que la plataforma nunca fue accesible para la ciudadanía y, por supuesto, no hubo campañas ni impulsos que tiendan a invitar a la comunidad a hacerse cargo de la herramienta, complementarla o modificarla. Toda una careta. Luciani, Sallaberry y Chisnerman se muestran aflijidos ante la problemática de la transparencia, como si eso alcanzara. En el año que avaló su intención de transparentar, la gestión hizo todo lo contrario. No sólo evitó abrir más datos, también ocultó los pocos que daba.

Por otro lado -con CIPPEC mediante, por citar una definición- el concepto de transparencia se vincula con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte del gobierno. Pero nada de eso se ha dado, más bien el gobierno se cerró a la hora de dar datos.

A punto tal que, por  ejemplo, los medios de comunicación interesados en dar a conocer expedientes municipales debieron apelar a una vía burocrática (abrir un expediente para consultar documentos públicos) que derivó en meses sin respuestas en tiempo y forma. La ciudadanía en general padece de igual modo el oscurantismo ya que no consta de la posibilidad de acceder a la información necesaria para activar reclamos concretos. Con aquello de la información es poder, el panorama no es el indicado para la sociedad civil que intente ser participativa y activa -por caso- en el control de la gestión. “A los vecinos no les interesa”, soltó un funcionario sin espanto ni intención de cambiarlo.

Intendentes con Laura Alonso, firmo pero no cumplo: Luciani se “comprometió” pero no cumplió. Y van…

Otra de las tareas que debería haber llevado adelante Luciani eran: “Intercambiar experiencias y prestarse asistencia técnica, en lo referido a regulaciones y mecanismos de transparencia de la gestión pública; transparencia y calidad de la información pública, así como de los actos y gestión de gobierno; regímenes de compras y contrataciones públicas; malversación y el uso indebido de los recursos públicos; detección de conflictos de intereses e incompatibilidades de los funcionarios públicos; publicidad y control patrimonial de las declaraciones juradas”.

También en “estándares de conducta y responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos; regulaciones y mecanismos que favorezcan la participación de las organizaciones de la sociedad civil en control de los actos de gobierno”, pero con el modo de trabajo del Ejecutivo y la imposibilidad de diálogo que ofrecen los altos mandos, la aplicación de estas clausulas resultan inverosímiles.

En definitiva, a las palabras se las lleva el viento y a las firmas también. En los últimos años de la gestión los pedidos de informes y las comunicaciones del Deliberativo llegaron a instancias donde, incluso desde el propio color político, tuvieron que pedir que entreguen información. Como si resultara normal, el Ejecutivo ni siquiera habilita en modo completo el sistema RAFAM para los concejales (podrían acceder a información del Estado municipal), quienes -por ley- ofician como controladores del intendente.

¿Así será que pasan y pasan contrataciones reiteradas para empresarios y amigos, licitaciones actuadas, vehículos mal utilizados, expedientes desaparecidos o incompletos, asignaciones de pauta publicitaria discrecional o triangulaciones entre funcionarios y empresas? Ocultando la información, todo es posible. Cambiemos lo sabe y lo aplica.

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