Es un canto popular que se constata día a día. Los procedimientos policiales están en en el ojo de la mira y ganan terreno en un debate abierto que se expresa en las organizaciones sociales, charlas entre vecinos y en las redes sociales. Paradójicamente en nombre de la ley se acciona en su contra y en esta nota recorremos los elementos legales para abonar a una discusión necesaria.  

Los festejos del Día del Amigo terminaron con una fuerte violencia policial a menores y algunos mayores que festejaban en la Plaza Colón. La bochornosa intervención policial, que fue noticia nacional debido a la demencia con la que se actuó, dividió las aguas entre el público lujanense. Algunos defendieron en nombre del “orden y la seguridad” el actuar de la policía, mientras que otros condenan por violencia institucional la intervención de los uniformados. Pero parece ser, que no es un hecho aislado en nuestra ciudad: este lunes volvió a ocurrir otro hecho de violencia institucional por parte de la policía local que volvió a poner en el ojo de la discusión el procedimiento de los uniformados.

Los argumentos que justifican la violenta intervención policial con el fin de garantizar el orden y el acato a las normas carece de sustentabilidad cuando vemos que dicho accionar no respeta ni las leyes nacionales, ni provinciales, ni los tratados internacionales, y ni el mismo protocolo que establece la actuación policial en procedimientos con niñas, niños y adolescentes. Paradójicamente en nombre de la ley se acciona en su contra y en esta nota recorremos los elementos legales para abonar a una discusión necesaria.

El Consejo Provincial de la Niñez, elaboró un Protocolo de actuación policial en procedimientos con niñxs y adolescentes con el objetivo de protegerlos durante las detenciones y poder alertar a las autoridades pertinentes para tratar estos casos sin violar sus derechos fundamentales. El protocolo establece como objeto que las medidas de intervención policial en el ejercicio de sus funciones, se desarrollen profesionalmente, con procedimientos expeditivos y eficaces.

Además, consideran que es necesario establecer un criterio unificado de actuaciones, reorganizar de forma sistematizada los diferentes trámites con el objeto de dar pleno cumplimiento de los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD), la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 2302. El objetivo del protocolo es mejorar la coordinación entre la policía provincial con los organismos judiciales y/o dependientes del poder ejecutivo con competencia en el sistema de protección de derechos, evitando privaciones de libertad en condiciones que resulten violatorias de los derechos de niñas, niños y adolescentes o que se extienda temporalmente sin necesidad alguna.

La Convención Derechos del Niño en sus artículos 37 y 41 y las Reglas 7 y 10 de Beijing establecen la ilegalidad de la aprehensión, demora y/o detención de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) en Comisarías, ya que la vigencia del sistema de protección exige la intervención de los Servicios locales de promoción de derechos en cada situación de amenaza o vulneración de los mismos.

Lo ocurrido en nuestro partido demuestra la falta de aplicación de este reglamente establecido por el Consejo Provincial de la Niñez. Los menores permanecieron detenidos desde la tarde del jueves hasta hora antes de la medianoche, e incluso desde la Comisaria no se comunicaron con la guardia del Servicio local. Fueron las organizaciones sociales que se hayan presentes en el lugar quienes se comunicaron con diferentes personas del Servicio Local para comentarles la situación y pedirles que se hagan presentes.

¿Por qué motivos se puede detener a un niña/o? El artículo 68 de la ley 2302 establece que se podrá detener a un niña, niño o adolescente cuando haya cometido un delito. En este caso la policía requiere de una orden judicial para detener al niño/ niña y para esto, debe existir una causa penal ya iniciada. Sin esta orden judicial, solo pueden efectuar la detención si encuentran al niño/a en el mismo momento en que está cometiendo un delito o bien, cuando en ese contexto, intenta huir, es decir si lo encontraran in fraganti.

Como ha trascendido, los jóvenes lujanenses no habían cometido ningún delito a la hora de ser apresados por la policía. Lo que si habían consumado es una contravención, lo cual no es motivo para la detención o demora de niños, niñas o adolescentes.

Por otro lado, la violencia sufrida por un chico con discapacidad en el centro de nuestra ciudad falta a un sin fin de leyes nacionales y provinciales. Como lo informan desde La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, “la Policía puede demorarte solamente si hay algún motivo previo y razonable que lo justifique y te negás a identificarte o no tenés los documentos en ese momento (art. 15 Ley Provincial 13.482). O sea, si no hay un motivo previo que justifique que la Policía te demore y además, la Policía ya te conoce, no hay razón para demorarte”.

En varios videos que circulan por las redes sociales se ve como el joven agredido exhibe su DNI a los oficiales sin permitirles que lo retengan. Al mismo tiempo, el joven reprocha que lo “revolcaron por el piso” y los efectivos locales insistieron en pedirle que se de vuelta para revisarlo y  le retrucaron “¿yo como sé si sos un delincuente o no?”. En este accionar, la policía viole dos derechos fundamentales: el de inocencia, el cual consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, y el derecho a la propiedad privada y a las libertades individuales.

En este sentido, la policía no puede realizar una requisa sin una orden judicial ya que viola la propiedad privada y limita la libertad individual y lesiona el pudor del afectado, derechos todos garantizados por la Constitución Nacional (art. 14, 18 y 19) y por la Constitución Provincial (art. 6).

Volviendo a lo ocurrido en la Plaza Colón, la ley 13482 establece que todo accionar policial deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas así como también al principio de gradualidad, privilegiando las áreas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas.

La cacería, la repartición de palos a diestra y siniestra, el uso de gas pimienta a menores no se enmarca en el principio de la razonabilidad, ni tampoco se evita ninguna actuación abusiva, sino que, por el contrario, predomina el uso de la violencia física frente al proceder preventivo y disuasivo.

El mismo protocolo, establece como regla general la prohibición de esposar a un menor, y asimismo, imposibilita el trasladó en vehículos que no se identifique como policial. Los videos de lo ocurrido en nuestra ciudad, demuestran que nuevamente el accionar de la policía no respetó lo dispuesto por el Consejo Provincial. Los menores fueron esposados en la Plaza Colón y durante su permanencia en la comisaría también permanecieron con las esposas.

Nuevas infracciones acumula el proceder policial, los menores sufrieron vulneraciones en las condiciones de detención. Se establece que todo/a niño, niña y adolescente tendrá derecho a poder comunicarse de inmediato a su familia, abogado/a o persona de confianza, y a su vez, se dispone que no podrá ser alojado en un calabozo común. Ambas disposiciones fueron vulneradas, ya que la comisaría permaneció cerrada durante horas, sin permitir el ingreso a los familiares que no se encontraban presentes antes de que fuera cerrada. Negandole la entrada además a abogados, a organismos de derechos humanos como el CELS, entre otros. Por otro lado, los menores fueron alojados en calabozos comunes.

El accionar policial distó, lejos de adecuarse al protocolo establecido por el Consejo Provincial de la Niñez, vulnerando de esta forma los derechos fundamentales de los niños y niñas. Por lo tanto, fue la propia institución encargada de hacer respetar la ley la misma que infringió todas las normativas que regulan su accionar. A lo que se suma, que no es un accionar aislado, ni una practica de unos pocos uniformados, sino que, el acumulado de denuncias por abuso que ponen a Luján en la cabecera judicial demuestran que es recurrente. Abusos, legitimados por una buena parte de la sociedad y practicamente ignorado por la clase política que parece comprender que en nombre del orden y la seguridad, pueden ser ignorados los derechos de los niños y niñas y que para llegar a este orden requerido es posible hacerlo infringiendo la misma ley que juran hacer respetar.

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