Funcionó todo el año por orden de Oscar Luciani: un decreto nunca hecho público donde figura el alquiler para una “Unidad de Prevención del Delito” y es pagado por el Fondo de la Seguridad Ciudadana. Tampoco fue informado al Concejo Deliberante. “Realizan tareas previas a alguna orden judicial”, explicó el Coordinador del Consejo de Seguridad. La Juventud Peronista lo advirtió tras los abusos policiales.

“Luján cuenta con una oficina de inteligencia financiada con el Fondo de Seguridad Ciudadana que aportan los mismos vecinos que luego son violentados”. El comunicado de la Juventud Peronista dejó varias sensaciones. Desde incredulidad hasta exageración, de preocupación hasta de alerta.

Sin embargo de a poco los hilos se comenzaron a unir para dar lugar a un tejido firme aunque difícil de comprender, debido a la tenacidad de una parte del gobierno Municipal de esconder datos que luego terminan por salir a la luz y dan paso a la realidad.

El Fondo de Seguridad Ciudadana que maneja el Intendente Oscar Luciani, y del cual el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana (CPSC) oficia como contralor, está siendo utilizado para pagar el alquiler de una oficina destinada a la “Prevención del Delito” de la cual no se tienen precisiones, ni consta en el informe que envió el Departamento Ejecutivo y el CPSC al Honorable Concejo Deliberante.

¿Qué hace esta oficina? ¿Quién la integra? ¿Por qué no fue comunicado correctamente y trabaja de manera secreta en Luján? Son algunos de los interrogantes que despierta este, hasta ahora novedoso, modelo operativo de vigilancia hacia nuestra ciudad.

Luis Andrieu, Coordinador del Consejo Permanente, confirmó a Ladran Sancho que la oficina está en plena actividad. “Lo que se hace allí es justamente prevenir. Para eso actúan antes de que medie algún tipo de orden judicial, porque su tarea es de antelación a los hechos”. En este punto sería dudosa la legalidad de esas actuaciones, ya que la investigación criminal es competencia del poder judicial.

La orden la dio el Intendente mediante un decreto firmado y promulgado el 2 de septiembre donde aprueba un contrato de alquiler para una vivienda en la calle Avenida España al 800, destinado a una sede de la “Unidad de Prevención del Delito” y autoriza la imputación del gasto al Fondo de Seguridad Ciudadana. En la dirección señalada oficialmente no hay nada que referencie dicho funcionamiento.

Decreto Nº 1475 promulgado el 2 de septiembre de 2016.

Pero hay más elementos llamativos. Durante las arduas discusiones respecto al Fondo de Seguridad (iniciadas por el probable robo de combustible) y con la posibilidad o no de renovación que tenía el HCD, se pidieron una serie requisitos, entre ellos los alquileres. “Propiedades alquiladas y solventadas con el Fondo de Seguridad Ciudadana” se titula la planilla oficial donde figura el alquiler de la oficina de la Dirección General de Investigaciones (2015 y 2016), ubicada en Doctor Muñiz y el Tiro Federal Argentino. Nada aparece de la vivienda alquilada desde enero que se encuentra en Avenida España, muy cerca de donde se generó la detención y feroz golpiza de los dos vecinos de Luján y militantes de la Juventud Peronista, cuando se encontraban esperando que sus familias terminen el trámite de inscripción al ciclo lectivo 2017 de la Escuela Normal.

Explicaciones que no explican

“Revisé el envío de información por parte del Departamento Ejecutivo y debo reconocer un error gravísimo tanto por ellos que son los que nos dieron el detallado, como nosotros por no habernos dado cuenta: nos mandaron el dato solamente de un inmueble, duplicado, porque habla de 2015 y 2016. En su momento creí que eran dos inmuebles y ambos sobre Muñiz”, amplió el Concejal Gabriel Jurina, presidente de la Comisión de Seguridad e integrante del CPSC.

Propiedades alquiladas y solventadas por el Fondo de Seguridad Ciudadana informadas al Honorable Concejo Deliberante

Diferentes vecinos que participan del CPSC advierten que no saben qué es lo que se hace exactamente en la Unidad, “porque eso nunca se pudo chequear”, comentaron en off the record. En tanto Andrieu explicó: “La que está en Avenida España es diferente a la oficina que funcionaba en Muñiz al 200, que iniciaba su trabajo mediante una orden judicial y que fue trasladada a Open Door”. Y ante la pregunta del motivo por el cual no está identificada la oficina de Avenida España, argumentó: “No sé exactamente cuáles son las disposiciones, pero podría pasar a estar señalizada, sí. Quizá ponerle alguna bandera o placa. Pero todos saben que ahí funciona esa oficina”.

El expediente para su funcionamiento se inició en octubre de 2015, cuando la Secretaría de Seguridad era manejada por Navarro, y concluyó con el decreto de Luciani autorizando el gasto. Se sabe que hay erogaciones que no necesariamente deben pasar por el Concejo Deliberante. No obstante, en el paso del expediente por las comisiones del concejo, el alquiler fue rechazado de plano y enviado nuevamente al Intendente para que determine.

Según fuentes consultadas la supuesta “Unidad de Prevención al Delito” funcionaría en el marco de la creación de la Policía Local, a través del Decreto 373/14 y la Resolución 835/14 del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires. Bajo estas normativas existe un convenio para los distritos donde incluso se contempla el compromiso de los Municipios para con un alquiler. Ahora bien, en caso que este sea el encuadre, la gestión de Oscar Luciani deberá exhibir una lista de requisitos que hacen al acuerdo: como por ejemplo un Programa Operativo girado por Luciani a Provincia y un listado de responsables de la Mesa de Coordinación.

Vigilados pero no informados: ¿Para qué existe una unidad secreta?

El riesgo de convivir con unidades de investigación o inteligencia en nuestro partido sienta un precedente preocupante. Durante todo este año una unidad de investigación estuvo trabajando en nuestra ciudad, en una oficina oculta, escondida a la sociedad. La responsabilidad política de la Unión Vecinal, la Unión Cívica Radical y el PRO es mayúscula. Y serán quienes deban responder a las voces que también se animan, en privado, a relatar presencias extrañas en algunas marchas y manifestaciones. Como también cuidar que los ámbitos de participación ciudadana no se conviertan en el embrión de tareas secretas o inexplicables.

Luján está en presencia de un pésimo sistema de información pública que enmudece y paraliza a la comunidad, con un Boletín Oficial desactualizado desde hace meses. El Intendente Oscar Luciani y sus asesores o funcionarios de mesa chica, como la Secretaria de Gobierno Rita Salaberry, el actual Concejal Néstor Luciani y, quien maneja “Legal y Técnica” Alcides Pedurán, entre otros, son los responsables directos, además, de ocultar parte de la información pública, vital para que la exhibida en Gobierno Abierto tengan sus frutos participativos de manera complementaria.

Un dato interesante se desprende del portal Gobierno Abierto, porque en los egresos del CPSC sí figura el gasto de $4.000 por un inmueble destinado a la “Unidad de Prevención al Delito”. Un asterisco importante es necesario hacer aquí: a partir de la disposición de aplicar el proyecto de “Gobierno Abierto” no desaparece la responsabilidad del Estado Municipal en el resto de los datos no publicados. El egreso monetario del CPSC que figura en la plataforma creada por la Subsecretaría de Modernización jamás se logrará cruzar con el Decreto de Luciani de manera accesible. Más sospechoso resulta el filtro aplicado para que no aparezca en el informe pedido y no llegue el Concejo Deliberante.

En definitiva, un combo peligroso se puede estar gestando o reafirmando, en una ciudad en la cual los propios vecinos, contribuyentes y votantes no conocen mínimamente qué decisiones toma el Intendente Municipal. El Intendente es el responsable de cuidarnos.  Los impuestos de la factura de la electricidad que con esfuerzo paga el pueblo, van a las arcas del Fondo de la Seguridad Ciudadana para que desde allí se alquile una oscura oficina que aún no se determina qué hace, cómo lleva adelante el trabajo, con quiénes, o cuánto ayuda a los ciudadanos lujanenses a vivir un poco más en paz.

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