Lo llevó adelante el Juez Daniel Rafecas por los casos de represión ilegal durante la última dictadura militar. Los siete militares imputados conformaban el grupo de tareas del Regimiento Nº 6 de Mercedes. Se les dictó la prisión preventiva y embargos económicos. La causa contiene 37 casos, 17 que pertenecen a Luján.

Los pasos hacia adelante que se da en la causa Regimiento Infantería de Mercedes – Imprenta Clandestina del PRT, genera optimismo en la búsqueda continua, por parte de los familiares y organismos de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia.

Luego de las detenciones que se conocieron en junio de este año a partir del trabajo -entre otros- de familiares, victimas y los abogados Pablo Llonto y Ernesto Coco Lombardi, ahora llegó el turno de los procesamientos para los represores partícipes del grupo de tareas que actuaba, entre otras ciudades, en Luján.

En una resolución de más de 400 páginas, el juez Daniel Rafecas dictó el procesamiento a los 7 imputados del RI6 de Mercedes. Allí fundamenta y destaca que son varios los elementos que permiten aseverar que en las privaciones ilegales de la libertad, aplicación de torturas y en el homicidio que es objeto de estudio de la causa, intervino personal del Regimiento de Infantería N°6 de Mercedes.

En total son 37 víctimas y se contabilizan solo 7 sobrevivientes. Desde allí que se ha destacado, lamentablemente, el escaso porcentaje de personas con vida y la magnitud del ensañamiento del plan sistemático de la dictadura militar. El objetivo que se desprende en la causa de la imprenta es que, con la modalidad de los secuestros sistemáticos que se dieron entre junio y julio de 1976, se cumplieron las ordenes de eliminar al grupo encargado de la propaganda en el PRT-ERP.

“La mayor parte de la víctimas pertenecían al PRT ERP, a la Juventud Guevarista y cuatro de ellas al PST –Partido Socialista de los Trabajadores, a la vez que en algunos pocos casos, las víctimas no aparecen vinculadas a ningún partido político. Otro de los rasgos fundamentales del universo de víctimas, cuyos secuestros fueron sucesivos y concatenados, es la relación que han tenido con la creación, edición, impresión o publicidad de la Revista El Combatiente, del ERP”, manifiesta el Juez.

Si bien varias de las detenciones datan de junio y julio de 1976, previo al Golpe de Estado de marzo de 1976 también se hicieron operativos clandestinos, pero que funcionaban como “grupo de tareas” bajo el nombre de Comando Jordán Bruno Genta. Dicha actuación quedó plasmada en la resolución de Rafecas y, además, se incorporaron nuevas víctimas en ese período.

En diferentes casos, a los militares responsables se los imputa y procesa por ser autores y/o co-autores de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad (algunas agravadas por violencia o amenazas), torturas y sometimiento a tormentos.

En la resolución Rafecas recorre los sucesos que tuvieron  lugar mayormente en la localidad de Luján. Allí señala que nuestra ciudad es el sitio que se presenta como patrón común de las personas que conforman el universo de víctimas de esta tramo de investigación, no sólo porque muchas de ellas fueron secuestradas en esta localidad, sino también porque la Escuela de Arte de Luján y la Escuela Nacional de Comercio N°1 fueron espacios que compartieron muchas de las víctimas.

Como se recupera en las páginas de la resolución, otro de los lugares que reunieron a muchas de la víctimas y facilitaron el contacto y la socialización entre ellas, fue la casa del escritor y poeta, desaparecido, Dardo Dorronzoro, en donde -expresa la resolución- se habrían desarrollado talleres literarios y se habría generado un espacio de debate político, y el boliche de Enrique Guerrero, quien tenía una pequeña despensa que se fue convirtiendo en lugar de encuentro y de música.

Los represores imputados son Serapio Eduardo Del Río, Guillermo Eduardo Gogorno, Luis Alberto Brun, Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello, Gustavo Delfor González Sass y Luis Felipe Fernández Bustos. Este último es quien conlleva la responsabilidad de haber calificado al resto, como Plana Mayor, por lo que -dice la causa- la ilegalidad de sus actos le fue reprochable también al nombrado, en virtud de la cadena de mandos y jerarquías en que se basaba el Ejército.

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